Markani lideró junto a la Red Las Macachas una investigación pionera sobre una de las formas más graves y silenciadas de violencia sexual contra la infancia indígena en Salta, financiada por la Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres.
En 2023, en el marco del convenio de colaboración internacional entre la Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres y la Red Las Macachas —conformada por FOMUPIO, Fundación GEMA, Fundación Markani, Asociación Pacha Lab y ONG Aynis por el Desarrollo—, se implementó el proyecto «El Chineo en la Voz de las Mujeres», enmarcado en el Pilar 6 del Plan Estratégico de ONU Mujeres 2022-2025.
El proyecto tuvo un doble objetivo: fortalecer institucionalmente a las organizaciones de la red y producir un estudio exploratorio cualitativo sobre la problemática del «chineo» —término utilizado en el norte argentino para referirse a las violaciones en banda perpetradas por hombres criollos o no indígenas sobre niñas y adolescentes originarias— desde la voz de las propias mujeres y comunidades.
Red Las Macachas: organizaciones feministas en defensa de los derechos de mujeres y niñas indígenas en Salta
Formación institucional: cinco módulos de capacitación para OSC
La primera etapa del proyecto consistió en la consolidación de la Red y la implementación de cinco módulos de capacitación virtual para los equipos de las organizaciones:
Trabajo de campo: 75 mujeres participantes en tres comunidades indígenas
La segunda etapa fue el trabajo territorial. Utilizando metodología de focus group con un promedio de 25 participantes por grupo, se accedió a tres comunidades indígenas:
Lo que las mujeres contaron: barreras, miedos y demandas urgentes
Los relatos recogidos en territorio revelaron un cuadro de violencias múltiples y sistemáticas. En la comunidad wichi de Embarcación, las mujeres describieron barreras geográficas enormes para acceder a servicios de salud y justicia, desapariciones de niñas en los montes y rutas sin investigación ni juicio, complicidades entre autoridades y caciques que impiden la toma de denuncias, y discriminación en los espacios de formación docente, donde los egresados indígenas no comparten los mismos espacios que los estudiantes criollos.
En General Ballivián, el diagnóstico fue igualmente crítico: la posta de salud estaba sin medicamentos ni equipamiento; la Municipalidad carecía de área de la mujer; la policía no tomaba denuncias por violencia de género ni contaba con traductores bilingües; y las mujeres estaban inseguras incluso durante actividades cotidianas como la cosecha de tomates o la recolección de chaguar. La palabra «chineo» era desconocida en esta comunidad: lo describían como «violaciones en grupo», «abusos», «me utilizaron».
En Tartagal, la comunidad Tapiete —desplazada de su territorio ancestral y reubicada en un barrio urbano— describió la violencia institucional de la policía como la mayor amenaza cotidiana, la discriminación sistemática en hospitales y comisarías, y un profundo sentimiento de abandono por parte del Estado. La palabra «justicia» era asociada a «incertidumbre»: para ellas no existe, afirmaban.
Qué dijeron los organismos públicos entrevistados
El proyecto también incluyó entrevistas a funcionarios de organismos públicos provinciales. Las respuestas fueron reveladoras. La Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad desconocía el número de comunidades indígenas en Salta —estimó entre 7 y 10, cuando son más de 500—, no contaba con traductores bilingües en sus equipos territoriales, y la última capacitación en interculturalidad había sido antes de la pandemia. El Polo Integral de las Mujeres reconoció que no había viajado ningún equipo técnico a las comunidades en el último año y que ningún profesional tenía formación específica en interculturalidad. El Ministerio Público Fiscal fue la excepción positiva: demostró conocimiento de los marcos legales interculturales, contaba con traductores bilingües y realizaba visitas itinerantes a los territorios.
Conclusiones y propuestas: interpelar al Estado para cambiar políticas públicas
El informe final del proyecto concluye que la incorporación real de la perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad en las políticas públicas constituye una tarea inaplazable. Las organizaciones de la Red elevaron cinco propuestas concretas al poder político: tipificar las violaciones en banda a mujeres e infancias indígenas como crímenes de práctica racista y colonial con pena máxima e imprescriptible; crear normativas con consulta y participación activa de los pueblos originarios; diseñar protocolos de acompañamiento interculturales; promover procesos formativos propios para mujeres y jóvenes indígenas; e incorporar a las OSC con perspectiva intercultural en el diseño, gestión y monitoreo de políticas públicas.
En 2025, Fundación Markani presentó públicamente el informe final con estadísticas de casos y percepciones de las comunidades originarias wichi, chorotes, Chulupí y Aba Guaraní del Norte Salteño.
